Democracia interna

Ayer pasé por encima sobre una cuestión de la que se está hablando de un tiempo a esta parte y que se materializó en el adelanto de una propuesta para la institucionalización de las primarias en el PP. Me refiero a la democracia interna de los partidos o, lo que sería más descriptivo, a la democracia inexistente en los partidos.

Antes de seguir leyendo, os invito a pasar por el blog de Alfonso Serrano que publicó ayer una entrada muy interesante sobre esta cuestión, pero que coincide escasamente con mis planteamientos.

No cabe duda de que la crisis de liderazgo en el PP lo ha hecho protagonista del debate sobre la imprescindible democratización de los partidos políticos, aunque haya de reconocerse que este es un mal que afecta por igual a todos los que están en condiciones de tocar poder. Se habla mucho de las primarias que convocó el PSOE, pero poco de que fueron una y no más y de que al candidato elegido por la militancia fue laminado entre PRISA y el aparato del partido. Es cierto que Mister Zeta lleva una buena temporada en condiciones de repartir cargos y que no hay mejor medicina para la paz de cualquier partido, pero poner al PSOE como ejemplo de algo parecido a la democracia –interna o externa- es una broma de muy mal gusto.

En el PP nunca se han convocado primarias. No sólo eso, no ha habido ni una sola ocasión en la que el líder del partido no tuviera su origen en el dedo del anterior líder (y no meto en esto a Hernández Mancha porque lo suyo no pasó de borrón). Después de señalado con el dedo de la divinidad (¡cuánto se parece esto al Caudillo de España por la Gracia de Dios!), el nuevo líder es santificado por un Congreso (como el que se celebrará en junio en Valencia) y que se vende a la opinión pública como un ejercicio de democracia interna. Al Congreso sólo acuden los compromisarios y los miembros natos (cargos electos en su mayor parte y miembros del aparato) y, aunque es cierto que ningún compromisario del PP está sujeto a disciplina de voto, ni su voto es delegable (como ocurre en los Congresos del PSOE, por cierto), no es menos cierto que difícilmente puede ejercerse el derecho a elegir cuando sólo hay un candidato, que es lo que suele ocurrir. Y lo que ocurrirá.

Hasta la fecha, el candidato presentado por el PP para presidir el Gobierno ha coincidido con la figura del Presidente del partido por lo que, siguiendo a La Soraya, en los Congresos del PP no sólo se elige al Presidente, sino también al futuro candidato. Tiene razón Esperanza Aguirre cuando señala que es el Comité de Dirección del PP quien designa al candidato, pero la experiencia dice que siempre ha sido el Presidente del partido y no parece que esto vaya a cambiar.

Llegados a este punto, una aclaración: la figura del candidato a la Presidencia del Gobierno no existe formalmente en España. Esta es una cuestión que cierra el debate sobre la legitimidad del partido más votado para formar Gobierno y abre la puerta a la creación de Gobiernos de coalición que (como ocurre en múltiples Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) marginan a la fuerza política y al candidato más votado. Ha habido voces (el PP entre ellas) que propugnaban una modificación de la Ley Electoral en el sentido de garantizar el Gobierno a la lista más votada y que, desde mi punto de vista, en un sistema parlamentario carecen de fundamento, pero hay que reconocer que la incultura política propia de los españoles les lleva a pensar que, cuando votan, eligen Presidentes o Alcaldes. Este debate, sin embargo, poco o nada tiene que ver con el hecho de que todos los partidos, antes de concurrir a unas elecciones, cuenten con una figura que se presenta ante el electorado como candidato a la Presidencia del Gobierno y que la designación de ese candidato pueda (y deba) realizarse por métodos democráticos en el seno de cada partido. Por otro lado, que el nuestro sea un sistema parlamentario, no puede esconder la realidad de que el parlamentarismo en España brilla por su ausencia y que los parlamentarios (diputados, senadores, concejales, etc.) son poco más que aprietabotones a las órdenes del partido en cuyas listas se presentaron (consecuencia directa de la preeminencia del partido sobre el ciudadano, del modo de confección de listas electorales y de que éstas sean cerradas y bloqueadas, otro debate, sin duda, pero de enorme importancia).

Antes de volver al tema principal, tengo que adelantar una cuestión adicional. Históricamente, los partidos políticos han respondido a dos modelos: los partidos de bases y los partidos de notables. Los más antiguos fueron los partidos de notables y a este modelo respondieron la mayor parte de ellos durante el S. XIX y en el S. XX hasta la II Guerra Mundial. Los partidos de bases se forman inicialmente desde posiciones de izquierda y en ellos el número sustituye al poder de los notables. En este tipo de partidos el número de afiliados es sinónimo de su fuerza en la sociedad. Los partidos de bases en los que la dirigencia era elegida por medio de asambleas (esto es, de abajo a arriba) fueron adaptándose a las necesidades de sus dirigentes y ya desde las primeras Internacionales Marxistas se observa la inversión de la tendencia, siendo la propia dirigencia quien se arroga la estructuración del partido sustituyendo la voluntad de las bases a través de distintos mecanismos en los que se suplanta o se enmascara la proclamada democracia interna. Los partidos de bases terminan funcionando como partidos de notables con una militancia más o menos numerosa pero siempre adecuadamente disciplinada desde arriba. A este modelo responde la mayor parte de los partidos y, desde luego, todos los que obtienen representación parlamentaria en España (ERC es formalmente asambleario, pero la influencia de sus dirigentes se hace notar con tanta intensidad en sus asambleas que tampoco difiere mucho del resto). El PP responde al modelo de un partido de notables que cuenta, además, con más de 700.000 afiliados. Sus estatutos y su propia organización interna no dejan lugar a dudas.

La introducción de mecanismos que faciliten la participación de las bases es algo a lo que se debería tender pero en la realidad pasa justamente por lo contrario: en todos los partidos hay alergia a la democracia ya que ésta puede hacer temblar muchas sillas. El hecho de que la falta de democracia en los partidos políticos sea una norma, no puede esconder la indecencia de quien la ampara y protege. Así, aunque la falta de democracia en los partidos sería inexcusable para todo aquél que crea en la Ley, a unos les afecta más que a otros. El cumplimiento de la Ley por el mero hecho de ser Ley no es uno de los principios básicos de la izquierda, y no es de extrañar que, puestos a elegir entre la Ley y los intereses del partido, se opte por eludir el cumplimiento de aquélla. No es lo deseable pero, al menos, coincide con la instrumentalización del Derecho y de la Justicia que propugnan las escuelas jurídicas progresistas y en las que la Ley no puede ser obstáculo para alcanzar los fines del partido. Sin embargo, el incumplimiento del artículo 6 de la Constitución por parte de quienes se proclaman defensores de la legalidad vigente, resulta llamativo por la incoherencia de base que encierra. Y no, no es excusa la existencia de mecanismos de participación formal cuando es evidente que esos instrumentos no tienen otro objetivo que cubrir el expediente en un burdo ejercicio de hipocresía.

Las primarias, la democracia interna, tiene muy poco que ver con un modelo presidencialista o parlamentario, y mucho que ver con la defensa del principio de participación política de los ciudadanos a través de los partidos que son –o deben ser- instrumentos al servicio de la ciudadanía y no meros resortes de poder. Dar voz a los afiliados o incluso a los simpatizantes de un determinado partido (como ocurre en Estados Unidos, por cierto) contribuye a fortalecer la democracia en su conjunto y a robustecer la legitimidad de los candidatos, con carácter previo a los procesos electorales generales a los que se presentará como candidato del partido. Esta legitimidad, a diferencia de lo que muchos consideran, no fomenta el personalismo, sino que, por el contrario, debe hacer consciente al candidato de que depende de unas bases que, del mismo modo que le dieron su confianza, pueden privarle de ella. El candidato pasa a ser parte de un proyecto colectivo del que tendrá que dar cuentas, no sólo ante el electorado en su conjunto, sino ante su partido.Y no se trata en ningún caso de poner a los partidos al servicio de un determinado candidato (es justamente lo contrario), sino al servicio de la sociedad que, por cierto, es quien mantiene todo el tinglado partidista. Después se ganarán o se perderán elecciones, pero siempre se contará con el respaldo de una base social que, por ejemplo, está ausente en la supuesta legitimidad de Rajoy o, en su momento, en la de Aznar.

La legitimidad de un dirigente político, en mi opinión, no tiene su base en haber sido elegido conforme a unos mecanismos determinados sino en el grado de legitimidad que esos instrumentos le confieren. En el ejercicio del Gobierno en España, la legitimidad del Presidente procede legalmente del Parlamento pero, no puede negarse que, quien ha sido presentado como candidato o cabeza de lista de un determinado partido, goza de un plus de legitimidad, de una legitimidad adicional a la que, legalmente, le proporciona el Parlamento. Dicho de otro modo: si Mariano Rajoy hubiera ganado las elecciones gozaría de la legitimidad de haberlas ganado para legitimarse en el cargo de Presidente del Gobierno. El juego de la aritmética parlamentaria no le habría conferido una mayor legitimidad de la que ya tenía por haber ganado las elecciones, pero sí que podía haberle privado legítimamente del cargo. Este razonamiento, llevado al partido, supone que, la legitimidad obtenida por un determinado candidato para representar a un partido como consecuencia de la participación de las bases, no se vería reducida por el hecho de ganar o perder unas elecciones. Mariano Rajoy (como antes Aznar o Fraga) no ostentan más legitimidad que la de haber sido estatutariamente elegido por su partido por medio de los mecanismos que en su día establecieron sus notables y que se plasmaron en sus estatutos. Pero sin embargo, Rajoy no puede moralmente reclamar para sí una legitimidad democrática para continuar en el cargo en nombre de unos militantes que no tuvieron la posibilidad de elegir a ningún otro candidato y cuyos votos, además, están mediatizados por compromisarios. Puede decir –como dice- que se presenta a un Congreso para renovar su mandato y gozar de la legitimidad estatutaria pero, de unos estatutos que no permiten el ejercicio de la democracia, difícilmente podrá obtener la legitimidad que le convendría al Presidente del PP. Tratar de sostener que la presidencia de Mariano Rajoy en el PP está democráticamente legitimada es un acto de cinismo que moralmente incapacita a quien lo mantenga. Otra cosa es que en una sociedad amoral como la que entre todos estamos construyendo esto tenga alguna importancia, pero no se puede hacer comulgar con ruedas de molino a todo el mundo.

Comprendo que es difícil para algunos entender que los Partidos son menos importantes que las personas a las que dicen representar y que haya quien tema que con un modelo en el que las bases puedan tomar la palabra les resultará imposible lograr sus ambiciones pero, en mi opinión, la mayor parte de las excusas para la introducción de instrumentos que fomenten la participación ciudadana sólo esconden el miedo a perder lo que muchos saben que no se merecen.