¿Tiempo de reformas?

Hace un par de días, la Vicepresidenta más arrugada que pudiéramos imaginar y que sin embargo tenemos, avanzó a grandes rasgos un conjunto de reformas que pretende afrontar el Gobierno de Mister Zeta, muchas de las cuales pasan por reformar la vigente Constitución de 1978 o las leyes del llamado bloque constitucional. El gran problema de las reformas es que pueden hacerse para empeorar o, incluso, para nada, y tengo la impresión que las reformas anunciadas quedarán entre lo uno y lo otro; difícilmente, viniendo de quien vienen, se irá a mejor.

En principio, las reformas puramente constitucionales afectarán a la tan manida prelación del hombre en la sucesión a la Corona (en vez de a la existencia o no de la Corona, por cierto), a la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas (de vital importancia para todos, como puede observarse) y a la mención del proceso de integración europea (que todavía me pregunto cómo es posible que hayamos sobrevivido ante omisión semejante). Nada que hablar, desde luego, de la reforma de los títulos competenciales para, al menos, blindar las competencias del Estado o, lo que sería más conveniente, recuperar determinadas competencias cedidas a las Comunidades Autónomas. Nada respecto de la modificación de los distritos electorales o, incluso, del incremento del número de escaños para superar la barrera de los 400. Nada sobre la reforma del Senado o, lo que sería mejor, su eliminación. Nada sobre la desvinculación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional del poder político.

Pero eso sí, más laicismo y menos derecho a la vida para los más débiles. Porque por ahí van los tiros. El laicismo escondido tras el derecho a la libertad religiosa y el aborto y la eutanasia tras el derecho a disponer del propio cuerpo y de la propia vida.

El avance del laicismo es preocupante por cuanto se ofrece a la opinión pública una visión distorsionada de la realidad. Se nos vende que España es un Estado laico cuando, constitucionalmente, se proclama como Estado no confesional o, lo que es lo mismo, un Estado que respeta y reconoce el hecho religioso pero que no se pronuncia a favor de ninguna confesión particular, ni en contra de otra u otras. El laicismo del PSOE parte de la negación del hecho religioso y por ello es contrario a nuestra Constitución. Pero, lo que es más grave, ese pretendido laicismo no es sino una suerte de anticatolicismo inconfesable, aunque más que evidente, que tiene su raíz en la II República. Porque no se trata de garantizar la libertad de religión –que lleva existiendo desde antes de la Constitución y que es amparada indubitadamente por ésta- sino de privar de libertad a los católicos, de despojarlos del derecho a mostrarse y actuar como tales. Se trata de cerrar la boca a todos los que, movidos por sus creencias religiosas, no puedan comulgar con el relativismo imperante y muestran su oposición, en tanto católicos, a determinadas políticas. Lo importante para el Gobierno no es la libertad religiosa, sino la evitación de peligros para el pensamiento único que pretende imponer.

El pretendido derecho al aborto es más de lo mismo y, haciendo uso de los medios de comunicación, se pretende crear una corriente de opinión en contra de los que se niegan a reconocer derechos. Ya es suficientemente ilustrativo que no se utilice el término “aborto” y que se haya sustituido por el eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo”. La palabras no son inocentes y, aunque saben que no existe un derecho a abortar, son perfectamente conscientes de que su mensaje cala en la opinión pública y que cuando, llegue el momento de dar la batalla ideológica, ya la tendrán ganada. Saben que ese derecho a abortar –de tanto repetirlo- se ha instalado en el subconsciente de muchos y que les bastará enarbolar la bandera de la ampliación de derechos para que todos los voluntariamente lobotomizados se muestren a favor de matar al más débil e indefenso de los seres humanos… porque su madre tiene derecho a interrumpir su embarazo y a decidir sobre su propio cuerpo. Cuando llegue el momento de articular una oposición frente a esta atrocidad, será muy difícil hacer comprender que no se trata de privar de un derecho, que ese derecho ni existe, ni puede existir en una sociedad civilizada, que nadie puede tener derecho a matar a otro y que el aborto es simple y llanamente la eliminación, el asesinato, de un ser humano indefenso. Desde la propaganda, convertirán el aborto en una bandera de la progresía y la oposición al mismo en una muestra de la intolerancia de la derecha y de la Iglesia. Y si no, al tiempo. Eso sí, los que no estamos de acuerdo con esta aberración, lo tendremos muy bien merecido por no adoptar una postura firme por miedo al qué dirán.

Con la eutanasia seguirán un parecido camino y desde el PP (que es la única oposición que nos queda, si se le puede hoy llamar así) no se sabrá explicar que, si bien es muy discutible que pueda existir un derecho a morir, es inaceptable que exista un derecho (y una correlativa obligación) a recibir la muerte. Que el Estado debe garantizar una muerte digna y sin dolor pero que una muerte digna no consiste en un asesinato consentido, ni en la aceleración de un proceso por muy evidente que sea su final. Es natural que el proceso de la muerte no se retrase por medios externos y que se haga tan llevadero como permitan los medios y técnicas a nuestro alcance, pero que, con la excusa de hacer más humano el trance, nos limitemos a acelerar lo inevitable, carece de cualquier humanidad. Hay quien no se da cuenta que el superficialmente razonable “derecho a disponer de la propia vida” es sólo el paso previo a la obligación a disponer de ella, que es justo el callejón sin salida que no nos quieren mostrar los partidarios de la eutanasia, ese momento en el que el será el Estado quien elegirá entre paliar un proceso inevitable o simplemente llevarlo a término con la mayor rapidez dado que es, eso, inevitable. Sin duda, una buena forma de reducir los costes del sistema sanitario pero éticamente inaceptable.

Por aquí empezamos. En los próximos días le daré una vuelta a la modificación del sistema electoral.